El decreto ley aprobado por la Junta es un atropello al marco normativo y un abuso de poder que pone en peligro la seguridad de esta tierra

mié
22
Abr

Los socialistas recurrimos ante el Tribunal Constitucional para desactivarlo

El PSOE de Huelva califica de atropello en un abuso de poder aprovechando el estado de alarma que el Gobierno de Junta de Andalucía apruebe un decreto ley modificando de golpe 21 leyes y seis decretos, que perjudica a la actividad de empresas, pymes, emprendedores y ciudadanía en general. De esta manera, deja a Andalucía en grave inseguridad jurídica. Modifica de golpe 21 leyes y seis decretos, que perjudica a la actividad de empresas, pymes, emprendedores y ciudadanía en general.

El Gobierno presidido por Moreno Bonilla ha usado como excusa la pandemia global para convalidar un decreto de contrarreforma legislativa que no simplifica, elimina controles, no es urgente y pone en peligro el futuro, debilitando nuestra comunidad jurídicamente con medidas que van a permitir un desarrollo económico y urbanístico que pase por encima de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Además, permite colocar publicidad institucional en radios piratas, anular la declaración de interés estratégico para la apertura de nuevos campos de golf, suprimir el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio para obras en el entorno de bienes histórico-artísticos de Andalucía o admitir vertidos de aguas residuales al dominio público-marítimo terrestre, sin la autorización autonómica exigida hasta ahora.

Con esto, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha puenteado al Parlamento y lo ha utilizado a su antojo. Por lo que pedimos a Moreno Bonilla que practique lo que demanda al Gobierno: diálogo y participación. Y para ello debe empezar por retirar el polémico decreto.

Ante esta situación, más de 80 organizaciones han recurrido su aprobación ante el Defensor del Pueblo Español, 27 entidades han pedido por carta al presidente de la Junta que acabe con este atropello, el Gobierno de España y 50 senadores socialistas recurrirán al Alto Tribunal por invasión de competencias estatales, y la organización nacional de radios comerciales ha solicitado la intervención de los poderes públicos.

 

 

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