El PSOE critica que el Gobierno central haya eliminado personal en las oficinas de empleo de Huelva en los últimos cinco años pese al aumento del paro

Mie
22
Mar

Pepa González Bayo incide en que esta situación provoca el retraso en el cobro de las prestaciones por desempleo


La diputada onubense Pepa González Bayo ha lamentado, tras una pregunta realizada por los socialistas en el Congreso, que el Gobierno central haya reducido del número de trabajadores en las oficinas de empleo en Huelva. Así, alertó que se trata de una cifra alarmante, ya que ha afectado al 20% de los empleados, desde 2011 hasta 2016, pese a que en la provincia el desempleo ha aumentado en estos años.

 

“Una vez más, -apuntó Pepa González Bayo-, el Gobierno del Partido Popular se ve obligado a rendir cuentas en el Congreso y descubrimos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia se han visto mermados en estos últimos cinco años. Concretamente, la dotación de personal en las oficinas públicas de Empleo se han reducido en un 20%, por lo que se demuestra que es cierta la situación que denuncian los parados onubenses, la falta de dotación de personal, con perjuicio para ellos, ya que cada día se alarga más la atención a los ciudadanos, con citas que no responden a la demanda existente”.

 

En este sentido, la diputada socialista incidió en que cuando una persona se queda en situación de parado, tiene 15 días hábiles desde el cese de la actividad para solicitar el subsidio por desempleo, pero la realidad es que cuando se pide cita SEPE tarda más de 15 días. Por ello, el Gobierno ha propuesto que una vez que cogemos la cita por teléfono o por internet, el plazo se pare, lo que deja en evidencia que esta medida del ejecutivo de Rajoy se debe a la tardanza en dar las citas y por la situación precaria en que se trabaja en las oficinas”.

 

Según la diputada socialista, “esta medida que se adopta por la falta de personal perjudica a la persona desempleada, pues llega a cobrar su prestación más tarde de lo que le correspondería, con el perjuicio  económico que causa para las familias que no disponen de otros ingresos”. Esta situación provoca “una lesión de un derecho que tiene reconocido el ciudadano por un retraso indebido en el procedimiento de concesión, ya que no se trata de un plazo más o menos largo, sino de que la Administración dote de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus plazos sin producir ningún perjuicio al ciudadano, y más cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como es la de estar desempleo sin ninguna prestación”, apostilló Pepa González Bayo.

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