El PSOE de La Palma del Condado pide al PP que rechace el cierre de la oficina liquidadora por el perjuicio que ocasiona al pueblo y a la comarca

mar
21
Ene

Los socialistas elevan una moción al pleno del mes de febrero para denunciar una situación que supone un ataque más de la Junta a los servicios públicos


El PSOE de La Palma del Condado ha pedido al equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento que rechace el cierre de la oficina liquidadora “por el perjuicio que ocasiona al pueblo y a diez municipios más de la comarca, que tenían esta oficina de referencia por cercanía para realizar todos los trámites relacionados con los tributos”.

 

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista en el Consistorio, Rogelio Pinto, que ha comparecido junto a la parlamentaria andaluza por Huelva María Márquez para denunciar el cierre y vaciado de competencias de las oficinas liquidadoras  de la Agencia Tributaria por parte de la Junta de Andalucía y, para lo cual, el PSOE ha presentado es este municipio una moción al pleno del mes de febrero.

 

Rogelio Pinto ha criticado el “nuevo ataque de este Gobierno de las derechas a nuestro pueblo y a los servicios públicos que se venían prestando. Pero es que, además, no solo perjudica a La Palma del Condado, sino que esta decisión injusta y sin razón de la Junta afecta a diez municipios más de la comarca: Almonte, Bollullos, Chucena, Escacena, Hinojos, Manzanilla, Paterna, Rociana, Villalba, Villarrasa, que se quedan vaciados de este servicio y tendremos que ir hasta Moguer para realizarlo, con la consiguiente pérdida de tiempo y gasto de dinero para el desplazamiento”.

“Estamos hablando de una población cercana a los 64.000 habitantes que se vería perjudicada y, en concreto, en La Palma supone un impacto negativo en términos económicos para nuestro municipio”, ha enfatizado el portavoz socialista, quien ha pedido al alcalde del PP y a su equipo de Gobierno que respalde esta moción y muestre su rechazo “por el daño que ocasiona a La Palma y a sus vecinos”.

 

“Esperemos que tenga la sensibilidad suficiente para comprender que no hay nada que justifique esta decisión, porque aunque reconviertan estas oficinas en oficinas-buzón para la recogida de la documentación, la realidad es que no se podrán realizar trámites de comprobación de liquidaciones de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, ha apostillado.

 

Por ello, ha pedido al alcalde que “anteponga el bien, el futuro y la autonomía de su pueblo a unas siglas, las del PP, que con su deriva a la derecha más extrema está intentando acabar con la autonomía local”.

 

En la misma línea se ha pronunciado la parlamentaria onubense María Márquez quien ha señalado que “la llegada de las derechas a la Junta está suponiendo un castigo a las comarcas de Andalucía. Las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del PP y Ciudadanos distan mucho de solucionar el fenómeno de la despoblación en nuestros pueblos, ya que medidas como ésta, junto a otras, como el cierre de líneas en las escuelas rurales o la reducción de personal y horarios de los centros de salud, no hacen más que ahondar en esta problemática. Es, por tanto, una reforma que en lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía los aleja, empobreciendo aún más a las zonas rurales”.

 

María Márquez ha indicado que este cierre se une a los 66 más que se han producido en toda Andalucía, tres de ellos en Huelva, La Palma, Aracena y Valverde. “Así, de 91 Oficinas Liquidadoras que prestaban sus servicios, se ha procedido al cierre de 67 oficinas y la reducción de competencias y servicios de todas ellas.  Con esta nueva clasificación de las Oficinas Liquidadoras realizada por la Junta se produce un cambio en el modelo hasta ahora vigente, y es que sólo son 24 oficinas en toda Andalucía las que tendrán las competencias de información, asesoramiento y comprobación de valores de los bienes tanto muebles como inmuebles”.

A ello se une el hecho de que el cierre o vaciado de competencias de estas Oficinas Liquidadoras “dejan en una grave situación de incertidumbre la situación laboral de los casi 400 empleados/as que se dedican a estas labores, algo perjudicial no sólo para estas familias sino también para el objetivo de fijar la población en edad laboral al territorio en las zonas rurales”.

 

Por ello, “pedimos a la Junta que firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía, que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras con todas las competencias y mantenga el acuerdo con los Registros de la Propiedad para seguir prestando este servicio íntegro como se venía realizando hasta ahora”, ha concluido María Márquez.

 

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