El PSOE de Palos de la Frontera pide que se deje sin efecto el acuerdo plenario por el que se concedía la Medalla de Oro a Fátima Báñez

Jue
21
Abr
2016

Los socialistas consideran que “de no procederse dicha suspensión podría incurrirse en un presunto delito de prevaricación del artículo 405 del Código Penal”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha registrado un escrito, al que se ha sumado el Grupo Independiente APIN, en el que  pide que se deje sin efecto el acuerdo plenario adoptado el pasado 19 de abril por el que se concedía la Medalla del Oro del municipio a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez.

 

Los socialistas también han pedido por escrito que se emita informe por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento “del proceder durante el pleno extraordinario por parte del alcalde del PP y la propia funcionaria al permitir que se continuara con esta aprobación, a sabiendas que se podría incurrir en un posible acto contrario a la ley”.

 

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria general del PSOE en la localidad, Pastora López, ha señalado que “tal y como expusimos en el pleno, y en atención al contenido del artículo 3, Capítulo 1 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, consideramos que dicho acuerdo puede ser nulo de pleno derecho, ya que el artículo impide otorgar distinción alguna a persona física que desempeñe cargo público y respecto del cual se encuentre el Ayuntamiento en relación de subordinada jerarquía, mientras subsista dicha relación”.

 

Por ello, ha advertido de que “si no se procede a dicha suspensión podría incurrirse en un presunto delito de prevaricación del artículo 405 del Código Penal” que indica que “a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público o cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigara con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.

 

Los socialistas han pedido, por tanto, que se proceda a decretar la suspensión del acuerdo hasta que se dicte informe de legalidad.

 

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