El PSOE inicia una ofensiva para pedir a la Junta que revierta el cierre de las oficinas liquidadoras por el grave perjuicio para las zonas rurales

mar
14
Ene

La parlamentaria onubense Manuela Serrano anuncia mociones en los ayuntamientos y en la Diputación, además de una PNL en el Parlamento y la petición de comparecencia del consejero de Hacienda en la Cámara andaluza

 


El PSOE va a iniciar una ofensiva para pedir al Gobierno de la derecha de la Junta de Andalucía que revierta su decisión de cerrar las oficinas liquidadoras por el grave perjuicio que provoca en las zonas rurales, tras expirar el pasado 31 de diciembre la vigencia del convenio de la Junta con los Registros de la Propiedad de 26 de julio de 1999, y plantear el Gobierno andaluz una reforma que ha supuesto el cierre de 67 de las 91 oficinas en nuestra comunidad, tres en la provincia de Huelva, y la reducción de competencias y servicios de todas ellas.

 

Así lo ha puesto de manifiesto la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Manuela Serrano quien ha anunciado que esta formación “vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación; además de una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento y la petición de comparecencia del consejero de Hacienda”.

 

En esta línea, Manuela Serrano ha criticado que en Huelva se hayan cerrado tres oficinas, la de los municipios de Aracena, Valverde del Camino y La Palma del Condado, con lo cual se quedarían solo las de Ayamonte y Moguer, y la Gerencia Provincial en la capital, “lo que supone un gran problema para nuestra provincia, dada las grandes distancias desde la Sierra hasta Ayamonte o la capital para que estas personas puedan ser atendidas, porque estamos hablando de casi dos horas de camino para poder resolver el tema de los tributos, a los que estamos obligados todos los ciudadanos».

 

Asimismo, ha indicado que esto afecta a más de 160.500 onubenses que eran atendidos en estos municipios donde ahora la Junta ha cerrado las oficinas liquidadoras, “una medida muy injusta porque lo que hace es encarecer estas obligaciones necesarias para estas personas, ya que se dejan de prestar servicios de asesoramiento para realizar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que es otro tema muy importante que se estaba haciendo a través de las oficinas liquidadores y que ayudaban mucho a la población rural”.

 

Por tanto, “esta reforma es un auténtico atropello, que está siendo muy cuestionada por los registradores, por los empleados de los registros de la propiedad, por los contribuyentes y por los responsables municipales, ya que esta decisión de la derecha del Gobierno andaluz castiga al mundo rural, puesto que esta medida, junto a otras como el cierre de las líneas en las escuelas rurales o la reducción de horarios y personas en los centros de salud no hacen más que ahondar en el problema de despoblación en nuestros pueblos”.

 

“Es una reforma que en lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, los aleja, empobreciendo aún más a las zonas rurales y, todo ello, por la desidia y la insensibilidad de un Gobierno de derechas más preocupado por su propia imagen y por criticar al anterior Gobierno para tapar su propia gestión y por su incapacidad para dar solución a los problemas de la ciudadanía”, ha aseverado la parlamentaria onubense.

 

Además, Manuela Serrano ha advertido de que el cierre o vaciado de competencias de estas oficinas liquidadoras “dejan en una grave situación de incertidumbre unos 400 trabajadores en toda Andalucía que están empleados y que ahora so sabemos qué van a hacer con ellos”.

 

Por ello, “con esta ofensiva que iniciamos queremos rechazar la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Andalucía; revertir el cierre o reducción de servicios de estas oficinas; instar a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía a que firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras de Andalucía y, por tanto, las tres de Huelva, con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio y conservando todos los empleos que tenían; y mantenga el acuerdo con los Registros de la Propiedad para seguir prestando, como en los últimos años, en las 91 Oficinas Liquidadoras el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”

 

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