El PSOE pide a Rajoy que asegure el incremento de las pensiones y de las retribuciones de los funcionarios públicos

Vie
9
Sep
2016

Si se prorrogan los presupuestos por la provisionalidad del Gobierno en funciones, más de 125.000 onubenses podrían ver afectados sus bolsillos

El PSOE ha presentado en el Congreso una propuesta para que el Gobierno asegure el incremento correspondiente de las pensiones y también de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas. Los socialistas consideran que la provisionalidad del Gobierno en funciones no debería afectar a los bolsillos de los pensionistas y del personal funcionario que tiene que ver el incremento correspondiente en sus nóminas. Por ello, el grupo socialista en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley para asegurar ese incremento.

 

La diputada socialista onubense Pepa Bayo destaca que en Huelva se verían afectados 94.137 pensionistas, si sumamos las pensiones por jubilación (52.676), por incapacidad permanente (11.461), por viudedad (24.947), por orfandad (4.465) y por favores familiares (588), según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social actualizados a 1 de agosto de 2016. En cuanto al funcionariado, en Huelva hay 30.896 personas que trabajan en las diferentes administraciones públicas, 16.190 mujeres y 14.706 hombres.  Por tanto, el número total de afectados en la provincia es de 125.033.

 

Según recoge el PSOE en el texto de argumentación de su propuesta, el fracaso de Mariano Rajoy para formar Gobierno podría impedir el cumplimiento del plazo ordinario para la presentación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y dificultar el cumplimiento del previsto para su aprobación. La Constitución recoge en estos supuestos la prórroga  de los presupuestos vigentes, impidiendo la paralización de la actividad estatal.

 

Pepa Bayo considera que la situación de provisionalidad no debería de afectar al incremento de estas retribuciones a los funcionarios y demás empleados públicos, ni a los pensionistas, ya que entre las limitaciones a las facultades de un gobierno en funciones no se encuentra la prohibición de dictar decretos-leyes.

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