El PSOE pregunta al Gobierno si tiene algún plan de trabajo para la localización de víctimas en 2018

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25
Mar

Para Pepa González, “el Gobierno de España está obligado a dar cobertura a que las personas conozcan y sepan el pasado de su pueblo. Es un derecho, así como un deber reconocer lo que sufrió la gente y reparar las injusticias porque la memoria no ofende, restituye”

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas, para que les sean contestada por escrito, en relación con la memoria histórica. En concreto, quiere saber cuál ha sido el presupuesto concedido por el Gobierno central para la localización e identificación de víctimas, a descendientes directos, de la Guerra Civil y el Franquismo, así como si tiene algún plan de trabajo a este fin de cara a 2018.

Todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la conocida Ley de Memoria Histórica, en la comunidad autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y durante los años que van desde 2010 hasta 2017, ha señalado el PSOE en su escrito, consultado por Europa Press.

A su vez, quieren conocer cuál ha sido el presupuesto concedido para la localización e identificación de víctimas a entidades o asociaciones memorialísticas, así como si el pasado año puso algún plan o convocatoria de subvenciones a este fin.

En el Palacio de Congreso de los Diputados a 1 marzo de 2018,
la ley la 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la dictadura, y más conocida como ley de Memoria Histórica, “carece de atención por parte del Gobierno de nación”, ha asegurado González.

“Todos asistimos cada día cómo numerosas familias buscan a las personas que estarían enterrados en tumbas sin nombre por toda España”, ha señalado la diputada, quien ha asegurado que “este número asciende a 114.266 personas y a más de 143.000, según estudios posteriores de asociaciones ligadas a familiares de los represaliados”.

Para González, el Gobierno de España “está obligado a dar cobertura a que las personas conozcan y sepan el pasado de su pueblo”, lo que considera “es un derecho”, así como “un deber reconocer lo que sufrió la gente y reparar las injusticias porque la memoria no ofende, restituye”. Por ello entiende que “se debe seguir trabajando en esta línea y el Gobierno de Partido Popular tiene que intentar que la gente entierre a sus víctimas con la dignidad que merecen”.

A su juicio, la Administración del Estado “no puede olvidar y dejar de apoyar a las asociaciones por la memoria histórica, que son quienes han levantado la ley, la dignidad de un país y la tranquilidad de conciencia de mucha gente”.

La diputada ha recordado que diez años después de aprobar la que fue una de “las leyes estrella” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE el 14 de diciembre de 2017 dio el paso de reformar en el Congreso la normativa para mejorar su aplicación y “saldar una asignatura pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”. Todo ello con el fin de mejorar aquellos aspectos que “se han mostrado insuficientes con el paso de los años y blindando su aplicación ante el desinterés presenta el Gobierno actual”.

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