PSOE asegura que la ley de seguridad privada “se hace para engordar el negocio de unos cuantos mientras se recortan efectivos públicos en Huelva”

Sab
5
Abr
2014

La diputada socialista por Huelva y secretaria de Política Institucional de esta formación en la provincia, María José Rodríguez, ha asegurado que la ley de seguridad privada que el Gobierno central aprobó hace dos semanas “se hace para engordar el negocio de unos cuantos mientras se recortan efectivos públicos en Huelva”.

Según la dirigente socialista, “se trata de una ley que solo favorece el negocio privado de varias grandes empresas de seguridad que son las auténticas beneficiadas con una norma que solo tiene en cuenta a algunos empresarios y no al ciudadano”. Así, Rodríguez destacó que “mientras se favorece la privatización de la seguridad de todos, el Gobierno recorta efectivos públicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Huelva”.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior reconocen un recorte del número de policías y guardias civiles en Huelva en 92 efectivos desde que gobierna el PP. Además, los trabajadores de la seguridad privada “tampoco salen bien parados con la ley, ya que a sus condiciones laborales mermadas por la reforma laboral, hay que sumarle que se deja en manos del empresario aspectos esenciales en esta materia”. Además, “a la vez que se les da más poder a los vigilantes de seguridad, se reducen los requisitos para ejercer como tal, con el único objetivo de ampliar el número de personas que podrán ejercer esa función para bajar salarios”.

De este modo, la socialista remarcó que “esta ley hace efectiva la ruptura del carácter de servicio público de la seguridad en manos exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y materializa el principio de la derecha según el cual quien quiera seguridad que se la pague”. Además, los vigilantes de seguridad podrán participar en la “prestación de servicios encomendados hasta ahora a la seguridad pública, complementando la acción policial”. “Esta ley deja en manos de empresas privadas –subrayó- los derechos de los ciudadanos y permite que un vigilante de seguridad puedan pararnos, identificarnos y cachearnos incluso en la vía pública”.

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