PSOE de Cartaya denuncia una subida del precio del agua de hasta el 14 por ciento

Jue
1
Ago
2013

El secretario general del PSOE de Cartaya, Alexis Landero,  ha denunciado que el equipo de Gobierno pretende aprobar en el pleno de mañana una ordenanza municipal para regular los precios del agua y de la recogida de basura con la que destinada a uso doméstico sufrirá un incremento del 10 por ciento, y en el caso de los sectores empresariales y comerciales será del 14 por ciento. Ahora, con la subida “despiadada” del agua hay vecinos que tienen que pagar facturas de 500 y 600 euros, en muchos casos.

Según Landero, “el PP, antes de las elecciones prometió bajar el precio del agua y también el actual alcalde de ICAR, Juan Polo, se comprometió a bajar este coste un 10 por ciento y esa fue la excusa para salir de la Mancomunidad de Agua (MAS)”. Sin embargo, una vez que llegan a conformar el equipo de Gobierno “olvidan el compromiso electoral” y dan paso a la privatización del servicio.

Con esta privatización, -apuntó el representante socialista- “los cartayeros estamos sufriendo las consecuencias de un peor servicio, antecedido por el descontrol en la recogida de basura, ya que en este proceso la acumulación de la misma permaneció en los contenedores 40 días”. Por ello, “nos preocupa mucho el hecho de que continuamente el alcalde de Cartaya esté subiendo los impuestos a los empresarios y atacando al sector turístico, en lugar de apostar por el empleo en el municipio”, añadió el también portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.

En este sentido, Alexis Landero incidió en que “con ello, se demuestra la incapacidad de un equipo de Gobierno que mira antes por los intereses de la empresa privada Aqualia que por los intereses de los casi 20.000 habitantes”. Por ello, exigió que “se retire la propuesta, se ponga del lado de los ciudadanos y desista de su interés de hipotecar el bolsillo de los vecinos de Cartaya los próximos 25 años”.

Por último, Landero recordó que Aqualia empezó a dar servicio en Cartaya en el mes de febrero de este año por un contrato de emergencia del equipo de Gobierno, un hecho “llamativo” porque para que se le entregue la prestación de servicio a la otra empresa debe existir un expediente pero tras reiteradas peticiones por parte del Grupo Socialista seguimos sin recibir la información solicitada sobre el caso.

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