PSOE y Junta, satisfechos tras la aprobación del plan de regadíos e instan al Gobierno central a garantizar el agua para más de 7.000 hectáreas

Mar
16
Dic
2014

Caraballo y Fiscal resaltan la importancia del plan para mejorar la comercialización de los frutos rojos fuera de España

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, y el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, se han mostrado satisfechos tras la aprobación en Consejo de Gobierno el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana con la que se regulariza las 9.340 hectáreas, porque con ello se da un paso fundamental para dar seguridad a los cultivos y a la exportación de los productos”. A partir de este momento, -apuntó  Caraballo- “es el Gobierno central el que tienen que garantizar los riegos, a 7.2400 hectáreas que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que el resto pertenecen a la del Tinto-Odiel-Piedras”.

 

En esta línea, el máximo dirigente de los socialistas onubenses incidió en que “el Gobierno andaluz ha cumplido” y es muy importante que ahora, una vez aprobado el plan, la Confederación del Guadalquivir autorice esa agua, “ya que los terrenos que dependen de la Junta ya se han legalizado”.

 

Por su parte, el delegado del Gobierno matizó que la aprobación de este plan era imprescindible para comercializar los frutos rojos en otros países, ya que “muchos supermercados de Europa exigían que esta ordenación estuviera aprobada”.

 

Del mismo modo, José Fiscal subrayó que “la Junta ha legalizado los terrenos pero es el Ejecutivo central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el que tiene que legalizar los riegos, decir cuales son legales y cuales irregulares, y organizar esta comarca en el ámbito de la agricultura que, hasta ahora, presentaba lagunas”.

 

Finalmente, Caraballo recordó que en reuniones mantenidas con los agricultores y representantes de la Junta y dirigentes políticos ya había quedado patente la necesidad de aprobar este plan, frenar las denuncias a los agricultores y obligar a la Confederación a que diera el agua.

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