El PSOE alerta de que en Andalucía se puede perder 300 unidades educativas el próximo año en los centros públicos, que afectaría en gran medida a Huelva

Mié
15
Mar
2023

Susana Rivas recuerda que la Junta ya ha cerrado en la provincia 175 unidades y subraya que los pueblos más afectados serían Cartaya, Cortegana, Aljaraque, Valverde del Camino y Lepe, a los que se pueden sumar más

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y coordinadora del Área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, Susana Rivas, alerta de que en Andalucía se pueden perder 300 unidades educativas el próximo año en los centros públicos, “como han advertido las organizaciones sindicales de educación, y que afectaría en gran medida a la provincia de Huelva”.

Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas de la Delegación territorial de Educación, precisamente, en este mes en que desde el día 1 se abrió el proceso de escolarización hasta el día 31. Susana Rivas ha indicado que estas organizaciones sindicales prevén este aumento de los cierres, “ante la callada por respuesta de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, a una pregunta del PSOE de si realmente tenía previsto cerrar aulas públicas en este próximo año, en otra prueba más de la falta de transparencia de la Junta de Andalucía a la hora de ofrecernos esos datos oficiales para que las organizaciones sindicales y la propia comunidad educativa pueda planificar”.

 

En el caso de Huelva los municipios que se verían más afectados, según los datos que tienen los sindicatos, serían Cartaya, Cortegana, Aljaraque, Valverde del Camino y Lepe, “aunque podrían ser más los municipios afectados” y ha agregado que “el cierre de estas 300 unidades habría que sumarlas a las cerca de 2.000 que ya cerró el Gobierno del PP desde que llegó a la Junta de Andalucía y, en el caso de Huelva, a las 175 aulas en la educación pública”.

Para la parlamentaria andaluza, “esto es una prueba más del afán del Gobierno del PP de Moreno Bonilla de privatizar todos los servicios sociales, que va a generar un conflicto, ya que incide directamente en las familias onubenses porque este cierre de aulas educativas les influye a la hora de decidir dónde van a escolarizar a sus hijos e hijas, porque cuando ven que no pueden hacerlo en el centro que desean, optan por otras alternativas, en muchos casos, relacionadas con la educación privada”.

Susana Rivas ha indicado que “esta situación afecta directamente a las familias onubenses y, también, a aquellos municipios más pequeños, con respecto al tema de la despoblación y el éxodo rural, ya que esto va a provocar que se sigan cerrando centros públicos completos en estos pueblos e influye a la hora de que la ciudadanía abandone estos pueblos para poder encontrar una mejor oferta educativa.

Asimismo, ha denunciado, además, el hecho de que “el negocio privatizador afecta a los ciclos de Bachillerato y Formación Profesional, donde constantemente estamos viendo cómo se están haciendo concesiones administrativas a estos bachilleratos privados y concertados, y a esta formación profesional privada”.

Ante esta situación, Susana Rivas ha pedido al PP en la Junta de Andalucía, conjuntamente con la comunidad educativa onubense, que “se vuelvan a recuperar las aulas cerradas en la provincia a lo largo de todos estos años y se baje la ratio de una vez por todas, porque es la única manera que tenemos de evitar estos recortes y de hacer frente a ese descenso de la natalidad”.

 

Sanidad

De igual modo, Susana Rivas ha denunciado los más de 200 millones de euros que el Gobierno del PP ha destinado desde la sanidad pública a las empresas privadas, despidiendo, además, a 8.000 profesionales sanitarios de la pública.

Por ello, ha pedido al PP y a Moreno Bonilla “que expliquen a la ciudadanía onubense por qué han cometido este fraude de ley con la sanidad pública, por qué lo están haciendo” y ha avanzado que “estaremos con los ciudadanos y ciudadanas otra vez en la calle exigiéndoles que con la sanidad pública no se juega y que con la salud y la dignidad de los onubenses no se juega”, ha concluido.