El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha lamentado hoy “la ignorancia y el desconocimiento” que ha demostrado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien llegó a reconocer en la comisión que abordó el proyecto de Gas en Doñana, a requerimiento de nuestra diputada Pepa González Bayo, que él no sabía de quién era competencia emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y en su disertación responsabilizó a la Junta de Andalucía, algo que le tuvieron que corregir los diputados de otros partidos políticos.

Ello demuestra, a juicio de Fernández, un “desconocimiento absoluto” de las competencias que tiene la Administración General del Estado. El ministro se amparó en que no es su ministerio, sino que es el de Medio Ambiente el que tiene la tarea de declarar la DIA, pero resulta que es Industria quien tiene las competencias en materia de hidrocarburos, por tanto, “es deber del ministro conocer los detalles de un proyecto tan importante en el que hay varios ministerios implicados”. Por tanto, “que no engañen más y accedan a realizar una evaluación de impacto conjunta sobre los cuatro subproyectos, algo que no parecen tener la voluntad de hacer desde el Gobierno central porque saben que el resultado sería muy distinto”, ha dicho.

Fernández ha aclarado y recalcado que la DIA corresponde al Gobierno, mientras que la Junta solo tiene que emitir, a partir de ese documento que dicta la Administración central, su Autorización Ambiental Unificada (AAU). Por ello, con la DIA favorable, la Junta autorizó Marismas Occidental porque, al estar fuera del Parque de Doñana, no pudo alegar nada en contra. Pero hay dos de los cuatro subproyectos que están dentro del espacio protegido y esos “nunca van a tener la AAU, porque la Junta nunca va a permitir que se almacene gas en Doñana”. De ahí que “estemos pidiendo encarecidamente al Gobierno, desde todos los estamentos sociales y políticos que se vuelva a realizar otra DIA que abarque los cuatro proyectos en conjunto, para valorar de verdad el impacto general en el territorio”.

“Es el Gobierno central quien ha permitido que se trocee –ha sentenciado Pepe Fernández- y quien declaró este proyecto privado como de Utilidad Pública, un detalle de mucha importancia y que no se debe olvidar cuando se habla de este asunto”. La Junta “se opone con todas las armas a su alcance y ha negado la AAU en los subproyectos que se adentran en el Parque. Además ha presentado un requerimiento al Gobierno para que repita la evaluación ambiental, lo haga de manera conjunta y tenga en cuenta los informes del CSIC y del IGME que alertan de peligros graves de llevarse a cabo el proyecto tal cual está planteado”, ha remarcado el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial.