El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, ha asegurado que la reforma de la administración local del Gobierno del PP supone un “ataque sin precedentes” a los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos de la provincia desde hace años y fomenta la destrucción de empleo público.
El dirigente socialista ha defendido que los servicios sociales “cumplen una función social y solidaria muy primordial para los ciudadanos” y, además “favorece la permanencia de los habitantes en su territorio que ven cubiertas desde sus propios municipios prestaciones como la teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayudas a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales, entre muchos otros”.
Manuel Domínguez ha advertido de que con esta reforma, el Gobierno central deja a 59 municipios de la provincia menores de 5.000 habitantes sin estos servicios. Para el dirigente socialista, “el PP está obsesionado en desmantelar las políticas sociales escudándose en la crisis” y ha recordado que “los servicios sociales generan en la provincia más de 3.000 puestos de trabajo, que también pone en peligro con sus recortes”.
Por ello, ha tachado de “aberrante” esta reforma de la administración local que sólo deja patente “la falta de sensibilidad del PP ante los problemas que padece la ciudadanía, puesto que los ayuntamientos no podrán realizar tareas de servicios sociales ni ayudar a sus vecinos”.
Es más -ha incidido- que, con ello, “también se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos”, pero que también afecta a los servicios sociales en los grandes municipios, porque “les quita gran parte de las competencias en esta materia gestionándose o por otras instituciones o a través de la privatización del servicio”.
Para el dirigente socialista, esta reforma “es un claro desprecio a la eficacia de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y al buen trabajo de atención a los ciudadanos que se ha hecho desde ellos, porque son la administración más cercana y porque conocen el terreno y se adaptan a las necesidades de la población”.
Por tanto, ha aseverado, “estamos hablando de algo muy serio, que acaba con nuestra identidad pero que además implica el despido en nuestra provincia de unos 2.500 empleados públicos por el traspaso de competencias y el cierre de entidades públicas, en un momento especialmente delicado en el que es vital la creación de empleo”, ha concluido.
