El PSOE de Huelva ha tildado la actitud del Gobierno central de “descaro institucional” si finalmente, el próximo 19 de julio, se aprueba en Consejo de Ministros, el anteproyecto de la Reforma de la Administración Local tal y como la tiene planteada y “haciendo oídos sordos” al informe emitido, esta semana,  por el Consejo de Estado que considera que reduce la autonomía municipal que garantiza la Constitución.

En esta línea, el secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, insistió en que el Ejecutivo de Rajoy debe dejar de “enrocarse en su anteproyecto de la reforma local y plantear una modificación que pedimos el resto de los grupos políticos, abierta al diálogo y consensuada”.

Para Domínguez, “la reforma local debe servir para fortalecer la autonomía municipal y para mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”. Sin embargo, “el anteproyecto de ley que plantea el Partido Popular es una agresión, en toda regla, a los ayuntamientos”.

En referencia al informe,  el dirigente socialista apuntó que contempla que “no le corresponde al Estado la creación y extinción de las mancomunidades y entidades locales menores sino a las comunidades autónomas”. Y, remarcó, que “todos los estatutos de autonomía, o en su caso, las leyes autonómicas de régimen local atribuyen a las comunidades autónomas las competencias para crear este tipo de demarcaciones supra e inframunicipales”.

Por tanto, “el texto supone un varapalo al proyecto que persigue el PP”, ya que el anteproyecto deja claro que se eliminan competencias a los ayuntamientos en educación, sanidad, bienestar social, juventud, educación, mayores. Y provocaría que desaparezcan servicios municipales; o bien que se puedan prestar con una elevada subida de impuestos al ciudadano y con un empeoramiento de la calidad, ya que el Gobierno central impone un coste estándar”.

“El informe – apuntó Manuel Domínguez- incide en que este coste estándar resulta insuficiente y debe completarse”. Por esta razón, el socialista pidió al Gobierno central que dé marcha y “atienda las recomendaciones del Consejo de Estado porque de lo contrario estaría atacando a la Democracia”.