El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha valorado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que decreta medidas cautelares y suspende la ejecución del acuerdo municipal que rebajó la protección de la antigua estación de Renfe, oficialmente denominada Estación de Sevilla, desestimando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular.

El auto judicial se dicta en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Huelva de 30 de mayo de 2025, mediante el cual el PP aprobó definitivamente la modificación del Catálogo de Edificios del PGOU para rebajar la protección del inmueble de grado P1, protección integral, a grado P2, protección estructural. Según señalan los jueces en el auto, “está claro, entendemos, que traspasar los límites de la protección integral y respetar sólo los de la estructural constituye un cambio difícilmente reversible en la configuración del edificio”.

Dicha modificación fue impugnada por un grupo de arquitectos de la Diputación de Huelva, dando lugar ahora a la imposición de medidas cautelares por parte del TSJA al considerar que la ejecución del acuerdo “podría provocar daños irreversibles al patrimonio histórico de la ciudad”. En octubre el TSJA admitió a trámite el recurso contra esta modificación del catálogo, “poniendo de manifiesto la solidez de las dudas jurídicas sobre una decisión que afectaba al edificio civil más antiguo de Huelva”.

El PSOE ha recordado que el Ayuntamiento de Huelva rechazó hasta 12 alegaciones contra esta rebaja en la protección del edificio. Entre ellas destacan las presentadas por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de Sevilla, el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH España), la asociación Fabricando el Sur, que integra a más de quince colectivos patrimonialistas, así como numerosos profesionales del ámbito de la arquitectura y la conservación del patrimonio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Baluffo, ha señalado que el Ayuntamiento de Huelva ignoró incluso que existen mociones en vigor aprobadas por unanimidad tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación solicitando a la Junta de Andalucía la declaración del edificio como BIC, lo que hace, a juicio del PSOE, “absolutamente incongruente” la degradación de su protección municipal.

Baluffo ha señalado que los propios arquitectos que recurrieron la decisión del PP, advertían de que el proyecto rompe la simetría original del edificio, elimina elementos esenciales de su composición interior, altera su sistema de escaleras y sustituye la cubierta histórica por otra de lenguaje posmoderno, provocando una transformación irreversible que haría irreconocible el inmueble y vaciaría de contenido su valor patrimonial.

El portavoz socialista ha recordado además que el PSOE fue el único grupo municipal que votó en contra en el pleno del 30 de mayo de la rebaja de la protección. Según Baluffo, el PSOE no solo denunció la desprotección del edificio, sino también la venta de un inmueble histórico de la ciudad a la Diputación para convertirlo en su sede, una operación que supondrá que Huelva pierda un edificio emblemático de su patrimonio.

“Es escandaloso ver cómo el PP está usando su poder absoluto en el Ayuntamiento, en la Diputación y en la Junta de Andalucía para eliminar todas las trabas y usar nuestro patrimonio a su antojo, saltándose la ley a la torera”, ha señalado Baluffo, quien ha advertido tanto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, como al presidente de la Diputación, David Toscano, que “no están por encima de la ley” y que la protección del edificio “tiene que ser respetada”.

Política urbanística “destructiva” del PP

Para el dirigente socialista, este caso evidencia de nuevo la “política urbanística destructiva” del Partido Popular y de Pilar Miranda, que, según ha indicado, “no ha impulsado proyectos propios y se ha limitado a poner placas con su nombre en proyectos heredados como la remodelación de la Plaza de la Merced, el Mercado de San Sebastián o la recuperación del antiguo cuartel de Santa Fe, un edificio que fue rescatado por el PSOE tras años de abandono, al igual que otros espacios emblemáticos como la Fuente Vieja”.

Para el dirigente socialista, este caso demuestra “que el Partido Popular degrada el patrimonio cuando este se interpone en sus intereses”, y que el proyecto de la antigua estación ha servido “para que se le caiga la careta a una alcaldesa que se vende ante la opinión pública como defensora del patrimonio, pero que a la hora de la verdad es capaz de cualquier cosa para satisfacer los caprichos de su partido”.

Por último, desde el Grupo Municipal Socialista se ha exigido al PP que acate la resolución judicial, mantenga las medidas cautelares y paralice definitivamente esta operación, replanteando cualquier actuación desde el respeto a la legalidad, a los informes técnicos y al valor histórico de la antigua estación.