El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado que el equipo de Gobierno del PP, con el apoyo de Vox, ha votado en contra de la moción socialista que instaba a la Junta de Andalucía a impulsar políticas eficaces para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.

La iniciativa, defendida en el pleno por el presidente del Grupo Municipal Socialista, Gabriel Cruz, ponía el foco en la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta tanto a Huelva como al conjunto de Andalucía, y reclamaba una intervención decidida de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la mayor parte de las competencias, para hacer efectivo un derecho reconocido en la Constitución.

Durante su intervención, Cruz ha señalado que la vivienda “se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía”, subrayando que “los derechos no se negocian en el mercado, los derechos se garantizan”, en referencia a la necesidad de una acción pública que corrija las desigualdades actuales. En este sentido, ha criticado la política del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, a la que ha calificado de “rentista y especulativa”, al no abordar el problema real del acceso a la vivienda, que es el precio.

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que la alcaldesa, Pilar Miranda, “que haya optado por dar la espalda a la realidad que viven cientos de familias onubenses”, rechazando una iniciativa que buscaba precisamente defender su derecho a una vivienda digna. A juicio del PSOE, su negativa a apoyar esta moción “evidencia una falta de compromiso con los problemas reales de la ciudadanía y una actitud de sumisión ante la Junta de Andalucía, renunciando a ejercer el liderazgo y la reivindicación que Huelva necesita en un asunto tan sensible como el acceso a la vivienda”.

La moción socialista advertía de la escalada de precios en Andalucía, donde el coste de la vivienda ha superado los máximos de la burbuja inmobiliaria, y del esfuerzo económico que supone para las familias, que en muchos casos supera el 30% de sus ingresos. Asimismo, ha alertado del aumento de la demanda de vivienda pública, con cientos de miles de solicitudes acumuladas, y de la existencia de más de 600.000 viviendas vacías en la comunidad.

Así, Cruz ha criticado que la reciente ley de vivienda aprobada por el Parlamento de Andalucía con la mayoría absoluta del Partido Popular establece unos criterios alejados de la realidad social, al considerar como beneficiarias de vivienda protegida a familias con rentas de hasta 90.000 euros anuales. Desde el PSOE se ha cuestionado “qué familias en Andalucía cuentan con esos ingresos”, denunciando que esta definición desvirtúa el concepto de vivienda protegida y deja fuera a quienes realmente tienen dificultades para acceder a un hogar.

Asimismo, se ha advertido de que la norma fija como “alquiler asequible” precios de hasta 1.200 euros mensuales, una cifra que resulta inasumible si se compara con las rentas medias familiares, situadas en torno a los 1.400 euros al mes.

En este contexto, los socialistas han subrayado que el registro municipal de demandantes en Huelva se encuentra “colapsado” y que las promociones actuales “no responden a las necesidades reales de la población”. A su juicio, “mientras el mercado siga primando la rentabilidad y se diseñen promociones accesibles para rentas altas bajo la etiqueta de vivienda protegida, se perpetuará un modelo que excluye a la mayoría social y dificulta el acceso efectivo a una vivienda digna”.

Frente a esta realidad, el PSOE proponía un conjunto de medidas concretas dirigidas a la Junta de Andalucía, entre ellas el incremento de la inversión pública en vivienda hasta el 1% del PIB andaluz, la creación de un parque público de 100.000 viviendas en alquiler asequible, la puesta en marcha de un Plan de Emancipación Juvenil, la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios o la posibilidad de que los ayuntamientos puedan restringir las viviendas turísticas en áreas saturadas.