El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado este martes que la actitud de la Junta con «los 1.700 trabajadores de Veiasa –120 de Huelva–, empresa que gestiona las ITV andaluzas, que están en huelga» estos días para «mejorar sus condiciones laborales», es «de «cero diálogo, de mentir e imponer».

En rueda de prensa, el socialista ha incidido en que el PSOE quiere «solidarizarse y darle voz» a estos trabajadores porque considera «injusto» el trato de la Junta, además de acusarla de «mentir sobre el tema y no querer afrontar una buena negociación colectiva en estas circunstancias actuales».

En este sentido, ha explicado que la ITV es un servicio público porque «en los orígenes de la comunidad autónoma, los gobiernos socialistas decidieron afrontarlo como tal» para «conseguir que se expandiera por toda la comunidad autónoma y no estuviera en manos del poder privado, que evidentemente lo iba a centrar allí donde hubiera más demanda de este tipo de servicio».

Al respecto, Andalucía cuenta con 71 estaciones de servicio y 1.700 trabajadores, de ellos 120 son de la provincia de Huelva, y «cuidan de los cuatro millones y medio de vehículos que tenemos en el Parque Móvil de Andalucía». Esta empresa actualmente se encuentra en huelga con «un seguimiento masivo de todos sus empleados y empleadas» porque están reclamando que «se negocie su convenio colectivo».

Así, el socialista ha explicado que el convenio colectivo que tenían era del año 2008, que estuvo vigente hasta el 2012. «Entonces tocaba empezar a revisarlo, pero se dio la circunstancia de que en el Gobierno central estaba presidido por Mariano Rajoy, que había impuesto una reforma del mercado laboral que de afrontar la modificación, la renovación del convenio, les hubiera hecho perder derechos», ha esgrimido.

Por ello, el socialista ha indicado que la empresa y los trabajadores «estuvieron sosteniendo ese convenio ya caducado desde 2012 hasta el año 2017, momento en el que los trabajadores y trabajadoras entendieron que ya era momento de afrontar el cuarto convenio colectivo de Veiasa», pero «se produjo el cambio de gobierno en Andalucía» y en estos seis años «no ha habido nada, patada adelante, hasta hace 16 meses en las que se iniciaron conversaciones».

«Pero, lamentamos que al consejero de Industria, responsable de Veiasa, se le olvidó cumplir un trámite legal de la Ley de Presupuestos, ya que para empezar a hablar de dinero en la Junta de Andalucía, lo primero que hay que hacer es pedirle a la Consejería de Hacienda que marque un escenario económico en el que se pueda negociar. Pero el consejero de Industria no hizo eso. Empezó a convocar a los sindicatos a tener reuniones sin aceptar, además, ninguna de las propuestas que hacían», ha advertido.

Por ello, Gaviño ha criticado que «han estado 16 meses hasta que ya el personal ha explotado y, desde el pasado día 19, están en huelga» y «están reforzándose en sus posiciones» porque, a su juicio, «la actitud del Gobierno de Juanma Moreno está siendo una actitud de cero diálogo y de mentir y de imponer».

Asimismo, el socialista ha advertido que «hay elementos que llaman muchísimo la atención en esta situación», porque el Gobierno andaluz «no solo no quiere hablar con los sindicatos convocantes de la huelga, que son CCOO y UGT», sino que «ha intentado boicotearla imponiendo unos servicios mínimos de más del 40%, alegando que Veiasa es un servicio esencial».

Al respecto, el parlamentario ha asegurado que su formación está de acuerdo que es «esencial», pero durante la pandemia la Junta «no estableció la ITV como un servicio esencial y cerraron las estaciones», por lo que «no pueden alegar estos elementos».

Así, ha acusado a la Junta de «atacar directamente, en nombre del consejero, a los sindicatos, alegando que tenían demasiados delegados sindicales; al derecho constitucional a sindicarse y a la propia huelga imponiendo los servicios mínimos», y «ya lo último es intentar que hablen todos los que puedan para intentar dispersar los mensajes».

Además, ha explicado que el consejero «viene a alegar ahora que hay impeditivos legales que no le permiten hablar de mejoras económicas», aunque el socialista ha remarcado que «lo que piden los sindicatos no en todos los casos conlleva mejoras en las retribuciones», sino «redistribución de horarios; el hecho de que las personas que hagan un mismo trabajo cobren lo mismo; que se le aplique los descansos que permite el Estatuto Básico del Empleado Público; o que se empiece a hablar de contratos de sustitución para las personas que puedan prejubilarse en la empresa».

Así, ha incidido en que «no todo ello va a conllevar emolumentos económicos», pero se ha preguntado que «si lo llevara, qué problema tendría la Junta de Andalucía de afrontarlo si estamos en 2024, el año en el que nos han machacado de que tiene el mayor presupuesto de la historia».

«Si tanto dinero está llegando, que es así, tanto del Gobierno central como de la Unión Europea, qué problema hay para mejorar las políticas, sobre todo las de personal y de un servicio que se considera esencial. Juanma Moreno no tiene dinero para los trabajadores de Veiasa, pero sí tiene para subirse el sueldo él y todos sus altos cargos dos veces en seis meses», ha aseverado.

(ep)