El PSOE de Cartaya ha lamentado que el alcalde independiente, Juan Polo, “se aferre al sillón y no asuma ninguna responsabilidad a pesar de estar condenado con sentencia firme al pago de las costas por el caso Hiconsa”. Así lo ha puesto de manifiesto, tras el pleno extraordinario en el que los socialistas pedían mediante una moción la dimisión del primer edil, el secretario general de los socialistas cartayeros y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Alexis Landero, quien matizó que “tanto el alcalde, como PP, PA e IU se han negado a responder si estaban de acuerdo o no en que no fuera el pueblo de Cartaya el que asuma la condena del caso Hiconsa”.

Según el dirigente socialista, “Juan Polo se ha negado en todo momento a hablar de dicha condena, por lo que lamentamos que el máximo representante de los ciudadanos en el municipio mantenga una actitud altiva y se niegue a pedir perdón al pueblo de Cartaya y al ex alcalde socialista, Juan Antonio Millán, y a las otras personas que finalmente salen absueltas por esta causa”. Además, criticó que “se atreva a poner en duda el proceso judicial, a lo que refirió que los jueces también se equivocan”.

En esta línea, Alexis Landero consideró “desfachatez y falta de ética moral y política que Juan Polo no dimita después de conocerse las costas de la condena del caso Hiconsa, que ascienden a 496.293 euros, de los cuales el Consistorio tendrá que pagar 248.146,50 euros, ya que el actual alcalde aprobó la inclusión del Ayuntamiento como acusación particular en este caso”. A raíz de ello, los socialistas iniciaron una campaña, denominada #NoConMiDinero, para que no tengan que ser los cartayeros los que abonen estas costas y con la que de momento se ha recogido más de 2.000 firmas”.

Finalmente, el portavoz del Grupo Municipal Socialista recordó que la sentencia dictada por el juez del Juzgado de lo penal nº1 de Huelva determinó que “la denuncia de Hiconsa estaba basada en un informe de valoración realizado por otro arquitecto, el cual reconoció en el mismo juicio que tenía amistad con uno de los denunciantes iniciales, el portavoz de IU, Miguel Ángel Gea”. Un informe que “según el juez, se había realizado cuatro años después de la aprobación del convenio urbanístico con el objetivo de justificar una denuncia que carecía de cualquier otro soporte, sustento o apoyo probatorio eficaz”.