El PSOE de Huelva se ha mostrado confiado en que el Tribunal Constitucional anule la decisión del Gobierno central de eliminar las ayudas para la compra de vivienda de protección oficial (VPO), una decisión que afecta directamente a 2.000 onubenses. La secretaria de Política Institucional de los socialistas onubenses, María José Rodríguez, explicó que este mes el PSOE ha presentado un recurso ante este Tribunal “para evitar que el Ejecutivo de Rajoy le arrebate a los ciudadanos un derechos más”.

Asimismo, la dirigente socialista señaló que el PP no sólo acaba con estas ayudas a partir de ahora, sino que “no se renovarán las que ya habían sido concedidas”. Para Rodríguez, “de nuevo se carga el peso de la crisis sobre los que menos recursos tienen, que son los que recibían estas subvenciones”. “El Gobierno del PP –subrayó- además de no hacer nada para evitar los desahucios, le niega el acceso a una vivienda digna a miles de ciudadanos” y advirtió de que “muchas de estas familias de Huelva van a quedarse sin casa al no poder hacer frente al pago de la nueva cuota tras el fin de las ayudas”.

Según la también diputada socialista, “mientras el PP recurre al Tribunal Constitucional para frenar la ley andaluza antidesahucios, nosotros lo hacemos para defender los derechos de miles de personas que necesitan el apoyo de las administraciones públicas para salir adelante”. “Mientras Rajoy ayuda a los bancos sin pedirles nada a cambio, se ensaña con los ciudadanos más débiles que dependen de ayudas como estas para tener un techo”.

ENTRE 200 Y 400 EUROS MÁS AL MES

María José Rodríguez afirmó que la eliminación de las ayudas a la compra de VPO supone el incremento de la hipoteca de entre 200 y 400 euros al mes, “una carga económica insoportable para las familias afectadas”.

Por tanto, la socialista insistió en pedirle al Gobierno central que elimine la segunda disposición adicional de la Ley de Fomento al Alquiler que se aprobó recientemente y que suprime la posibilidad de renovar la subsidiación de los préstamos protegidos (la cantidad de dinero que descuentan en cada mensualidad en el pago de la hipoteca). “De no hacerlo, esperamos que sea el Tribunal Constitucional el que enmiende la plana a un Gobierno injusto e insolidario”, apostilló.