La diputada nacional y secretaria de Política Institucional del PSOE de Huelva, María José Rodríguez, ha asegurado este lunes que el anteproyecto de ley de la Ley de Costas que se aborda esta semana en el Congreso supone «una amnistía ambiental» en el ámbito del litoral, puesto que, a su juicio, con la nueva normativa «se abre la veda a la especulación urbanística».

La dirigente socialista ha calificado de «tropelía» el texto, el cual contempla «una reducción del patrimonio de dominio público marítimo-terrestre» y por tanto desciende «de 100 a 20 metros la zona de servidumbre».

En este sentido, Rodríguez ha indicado que esta nueva ley tendrá «unas consecuencias irreversibles» debido a que aumentará, en su opinión, «la presión urbanística» y además aboga por «un uso irracional» de la costa. En concreto, a nivel provincial ha precisado que, con esta ley, se excluiría del dominio público marítimo-terrestre la ría de Punta Umbría y el Caño del Cepo de Isla Cristina.

Asimismo, ha remarcado que la formación mantendrá encuentros con los responsables socialistas de los núcleos costeros para abordar este tema y mantendrá una postura «vigilante» para controlar las consecuencias que esta ley pueda tener.

Por su parte, el PSOE presentará enmiendas, pero la diputada ha recordado la mayoría del PP en el Congreso, por lo que se ha mostrado convencida de que al final se alzará «el afán privatizador del suelo» del PP, aunque ha dejado claro que «agotarán la vía política».

Tras destacar que supone «una vuelta atrás», Rodríguez ha lamentado que se puedan conceder licencias con una duración de hasta 75 años y que incluso «se podrán vender por parte de sus titulares», así como «la falta de control» que se establece en la ley, la cual, a su juicio, se ha hecho «sin justificar los cambios».

LÍNEA FÉRREA HUELVA-ZAFRA

De otro lado, la secretaria de Política Institucional se ha referido a la línea férrea Huelva-Zafra y ha incidido en la importancia de que se invierta en la misma para poder «modernizarla».

La socialista, que ha insistido en que un servicio público no tiene por qué ser rentable en lo económico ya que se trata de un servicio en beneficio de los ciudadanos, ha criticado que el Ejecutivo de Rajoy apueste por «debilitar» la infraestructura para después tener «una excusa» para «desmantelarla».